Agresiones a médicos.

A falta de la publicación por parte de la Organización Médica Colegial (OMC) de las cifras de agresiones a médicos durante el año 2017, los indicadores previos ponen de manifiesto que hasta la fecha han sufrido un progresivo repunte. Según el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC, durante el año 2016 se produjeron 495 casos de violencia, de las que al menos 18 conllevaron aparejada condena de prisión. La punibilidad de estos actos se expresa en varios artículos del Código Penal (CP) español, como el artículo 147 sobre amenazas, el 172 sobre coacciones, 205 sobre calumnias, 208 sobre injurias (estos dentro de atentados contra el honor), siendo el de vejaciones relegado al ámbito de la relación de afectividad o parentesco desde la última reforma del CP. El delito de insultos se tramita ahora por vía civil al haber desaparecido del CP el delito «falta de vejaciones injustas» al despenalizarse las injurias leves entre particulares, aunque la consideración de gravedad vendrá dada por el contexto social. Pero lo importante es que la reforma del CP en julio de 2015 del artículo 550, sirva para que las agresiones físicas a los médicos sean consideradas como «atentado a la autoridad», lo que será de aplicabilidad para el 87 % de las agresiones que se producen en la función pública. Sin embargo, desde su aprobación hasta la fecha no ha parecido conseguir su efecto porque durante el año 2016 se produjo un incremento del 37 %.

No obstante, dado el alarmante crecimiento de las agresiones a médicos, se perdió una excelente oportunidad de realizar una reforma del CP más ambiciosa de manera que pudiera dar cobertura al 13 % de facultativos que trabajan en el sector privado y que también ejercen una labor social, complementaria y en ocasiones parciales del público. Cualquier acto violento en sanidad debe ser tratado de manera apropiada, porque además de repercutir en la salud y seguridad de los profesionales, incide negativamente en el desempeño de la actividad clínica tal y como exponen H G Schmidt et al en su artículo «Do patients’ disruptive behaviours influence the accuracy of a doctor’s diagnosis? A randomised experiment» publicado en el BMJ Quality & Safety en 2016. En él describen cómo los pacientes que exhiben comportamientos disruptivos en la entrevista clínica (los llamados “pacientes difíciles”) inducen a los médicos a cometer errores de diagnóstico, al parecer porque estos emplean parte de sus recursos mentales para tratar los comportamientos de estos pacientes, impidiendo por tanto el adecuado procesamiento de los hallazgos clínicos.

Y porque, además, esta es una problemática que está incremento, no solamente en nuestro país, sino también en el resto del mundo. La bibliografía reporta estudios en la India, Pakistán, Canadá, Australia, Alemania, Noruega, Israel, etc. En este sentido resulta interesante el artículo titulado «Aggression and Violence Against Primary Care Physicians» (Dtsch Arztebl Int. 2015 Mar; 112(10): 159–165), sobre las agresiones en atención primaria en Alemania, con una revisión internacional.

Según las cifras de NHS Protect, 70.555 empleados del NHS fueron atacados durante el periodo 2015-16, un 4% más que el año anterior, lo que equivalen a 193 empleados de promedio diario.

Fuente: NHS

Según The New England Journal of Medicine (N Engl J Med 2016; 374: 1661-1669), en EE.UU. entre 2011 y 2013, la cantidad de agresiones en centros sanitarios ascendió hasta 18.000 por año (hasta un 46 % de las enfermeras). En el caso de los Servicios de Urgencias las enfermeras sufrieron un 100 % de agresiones verbales y el 82 % un asalto físico, informando los médicos que una cuarta parte de ellos había sido objeto de agresión física en el año anterior.

Aunque esta problemática se plantea más frecuentemente en épocas de repuntes asistenciales o en lugares donde la proporción entre pacientes y profesionales es más baja (fundamentalmente en atención primaria y urgencias), también se produce cotidianamente por la endémica infradotación de recursos y la incorrecta organización de los flujos hospitalarios.

Recientemente se ha creado la figura del «Interlocutor Policial Territorial Sanitario» mediante la instrucción 3/2017 del Ministerio del Interior, una especie de «policía sanitaria» que serán en realidad expertos policiales designados por las Direcciones Generales de la Policía Nacional y Guardia Civil para este fin. Esta medida puede ser colaborativa y es un gran avance en relación con el alarmante crecimiento de esta lacra, pero no es la solución definitiva, porque cuando deban actuar el hecho ya se habrá producido.

Quizás las recomendaciones más importantes son que las organizaciones de atención médica revisen sus políticas para mejorar los niveles de profesionales para reducir el hacinamiento, los tiempos de espera y mejorar el drenaje de pacientes en urgencias, disminuir la rotación de trabajadores, establecer optimización de procedimientos y proporcionar un personal de seguridad y de salud mental adecuados y proporcionales a la demanda.

Manifestación en la India por la agresión a un médico en marzo de 2017. Fuente: India Today

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