La academia de los linces.

Un simple vistazo a la Wikipedia permite conocer que una sociedad científica «es una asociación de profesionales, investigadores, especialistas o eruditos de una rama del conocimiento o de las ciencias en general, que les permite reunirse, exponer los resultados de sus investigaciones, confrontarlos con los de sus colegas o especialistas de los mismos dominios del conocimiento, y difundir sus trabajos a través de publicaciones especializadas». Una de las más antiguas fue la Accademia Nazionale dei Lincei, conocida también como la Academia Linceana (1603), fundada por cuatro eruditos de la época, llamándola así en honor al lince, animal cuya aguda visión simboliza la destreza en la observación requerida por la ciencia.

El origen de los gremios profesionales surgió en la edad media con la finalidad de defender la competencia de sus miembros. Su declive fue progresivo con la revolución industrial y la capitalización económica. La abolición en España tuvo lugar en las Cortes de Cádiz con el decreto de 8 de junio de 1813. Los Craft Guilds, al igual que los Merchant Guilds, fueron organizaciones creadas inicialmente para la protección y la ayuda mutua, promoviendo la libertad ciudadana frente al poder feudal de esa época. Sin embargo, se convirtieron con el tiempo en grupos elitistas excluyentes, sostenedores de monopolios y lobbies políticos poderosos fijando precios y cuotas.

Los primeros sindicatos sinónimos de movimiento laboral se desarrollaron a principios del s. XIX en Gran Bretaña, siendo sus grandes exponentes tras la prohibición de las Combination Laws las Trade Unión y movimientos como el cartismo («carta del pueblo») y el ludismo. En España la primera normativa legal se reflejó oficialmente en la constitución de 1868. Las funciones sindicales son la representación de los trabajadores, velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las negociaciones colectivas, la representación del interés social de los trabajadores y promover las mejoras en las condiciones de trabajo y la prevención de los riesgos laborales.

Colegio del Arte Mayor de la Seda en Valencia (c/ Hospital, 7), ante el que tuvo lugar en 1856 el Motín de Velluters. © ANJ.

Sobre los colegios profesionales, ya a principios del siglo pasado (1912) el interesante artículo de Abraham Flexner, Is Social Work A Profession? describe seis criterios sobre las características de una profesión: 1. Las profesiones involucran operaciones esencialmente intelectuales con una gran responsabilidad individual; 2. Su práctica se basa en la ciencia y el aprendizaje; 3. Trabajan con un final práctico y definido; 4. Poseen técnicas que pueden ser enseñadas; 5. Tienden a la autoorganización y 6. Tiene una motivación altruista. En resumen, un grupo de profesionales es aquel colectivo que tiene unos amplios conocimientos sobre un campo, desarrolla un trabajo intelectual y tiene un interés personal autolimitado en favor del social.

En Valencia, la historia de los Colegios de Médicos se remonta a 1329, cuando Alfonso IV «El Benigno» a través d’Els Furs creó en el Reino de Valencia la primera organización médica de toda España. Tras diversas vicisitudes, en 1715 el Colegio de Cirujanos de Valencia fue ratificado y hasta 1829 continuó controlando la profesión, naciendo en 1841 el Instituto Médico Valenciano, que realizó extraordinarias aportaciones en medicina preventiva y vacunación. Sin desparecer este totalmente, dio lugar finalmente a la constitución en 1898 del Colegio Oficial de Médicos de Valencia.

Los Colegios Profesionales en España se describen en el artículo 36 de la Constitución Española de 1978 teniendo límites jurídicos sobre el ejercicio de la profesión, dado que «son corporaciones sectoriales que se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden a finalidades de interés público, en razón de las cuales se configuran legalmente como personas jurídico-públicas o corporaciones de Derecho público cuyo origen, organización y funciones no dependen sólo de la voluntad de los asociados sino también y, en primer término, de las determinaciones obligatorias del propio legislador, el cual por lo general, las atribuye, asimismo, al ejercicio de funciones propias de las Administraciones territoriales titulares de las funciones o competencias ejercidas por aquellas». Están regulados por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y posteriormente por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley Omnibus) que nace, en el contexto de la transposición de la Directiva Europea 2006/123/CE. Sus funciones ya fueron descritas en el primer post del presente blog, pero en resumen se refieren a la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación institucional, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.

Esta semana se ha informado de la constitución de una nueva asociación de derecho sanitario, en contraposición con otra ya creada con anterioridad y que explicita funciones ya descritas por esta última en su acta fundacional. Resulta harto llamativo no ya su innecesaria creación puesto que ya existe una concebida para ese fin, sino el hecho de que haya sido auspiciada y apoyada por un colegio provincial– el de Médicos de Valencia –con la propia infraestructura de este, y máxime si tenemos en cuenta que la presidenta de la nueva asociación es la representante de una empresa legal que se ubica en el propio colegio con nexos a su vez con la correduría de seguros que lo patrocina y un sindicato ampliamente representado por liberados sindicales en el principal de su junta directiva. Vamos, la cuadratura del círculo.

La colonización por actores atípicos en una anacrónica simbiosis corporativo-gremial-científico-sindical, no solamente es aberrante sino contraproducente para la defensa laboral y profesional. De igual forma que el Estado garantiza la separación de poderes (el legislativo, el ejecutivo y el judicial), la finalidad básica de todos los actores relacionados con las actividades profesionales deben circunscribirse a sus funciones para conseguir una gobernanza adecuada al espíritu de las leyes, y no de los intereses espurios individuales de algunos que parasitan y horadan la credibilidad profesional, no cumpliendo siquiera las características que se definieron en el cuarto párrafo del presente post, tal y como lo demuestra el hecho de que algunos de los actuales representantes corporativos y sindicales ni siquiera han trabajado o trabajan en la actividad para la que fueron titulados por ser liberados sindicales de largo recorrido. Todo ello sin menoscabar la posibilidad de establecer una estrecha colaboración entre colegios profesionales, los sindicatos de su ámbito, las sociedades científicas y la administración para alcanzar todos buen puerto. No se trata de que un miembro de cualquier colegio profesional no pueda estar sindicado a título privativo, pero la separación efectiva de todas estas organizaciones debe ser la regla que rija la correcta deontología y ética de todos ellos, por separado, para evitar injerencias impropias y pervertir una organización intachable a lo largo de su dilatada historia. Entre linces, leones, serpientes y falconiformes anda el juego.

Agresiones a médicos.

A falta de la publicación por parte de la Organización Médica Colegial (OMC) de las cifras de agresiones a médicos durante el año 2017, los indicadores previos ponen de manifiesto que hasta la fecha han sufrido un progresivo repunte. Según el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC, durante el año 2016 se produjeron 495 casos de violencia, de las que al menos 18 conllevaron aparejada condena de prisión. La punibilidad de estos actos se expresa en varios artículos del Código Penal (CP) español, como el artículo 147 sobre amenazas, el 172 sobre coacciones, 205 sobre calumnias, 208 sobre injurias (estos dentro de atentados contra el honor), siendo el de vejaciones relegado al ámbito de la relación de afectividad o parentesco desde la última reforma del CP. El delito de insultos se tramita ahora por vía civil al haber desaparecido del CP el delito «falta de vejaciones injustas» al despenalizarse las injurias leves entre particulares, aunque la consideración de gravedad vendrá dada por el contexto social. Pero lo importante es que la reforma del CP en julio de 2015 del artículo 550, sirva para que las agresiones físicas a los médicos sean consideradas como «atentado a la autoridad», lo que será de aplicabilidad para el 87 % de las agresiones que se producen en la función pública. Sin embargo, desde su aprobación hasta la fecha no ha parecido conseguir su efecto porque durante el año 2016 se produjo un incremento del 37 %.

No obstante, dado el alarmante crecimiento de las agresiones a médicos, se perdió una excelente oportunidad de realizar una reforma del CP más ambiciosa de manera que pudiera dar cobertura al 13 % de facultativos que trabajan en el sector privado y que también ejercen una labor social, complementaria y en ocasiones parciales del público. Cualquier acto violento en sanidad debe ser tratado de manera apropiada, porque además de repercutir en la salud y seguridad de los profesionales, incide negativamente en el desempeño de la actividad clínica tal y como exponen H G Schmidt et al en su artículo «Do patients’ disruptive behaviours influence the accuracy of a doctor’s diagnosis? A randomised experiment» publicado en el BMJ Quality & Safety en 2016. En él describen cómo los pacientes que exhiben comportamientos disruptivos en la entrevista clínica (los llamados “pacientes difíciles”) inducen a los médicos a cometer errores de diagnóstico, al parecer porque estos emplean parte de sus recursos mentales para tratar los comportamientos de estos pacientes, impidiendo por tanto el adecuado procesamiento de los hallazgos clínicos.

Y porque, además, esta es una problemática que está incremento, no solamente en nuestro país, sino también en el resto del mundo. La bibliografía reporta estudios en la India, Pakistán, Canadá, Australia, Alemania, Noruega, Israel, etc. En este sentido resulta interesante el artículo titulado «Aggression and Violence Against Primary Care Physicians» (Dtsch Arztebl Int. 2015 Mar; 112(10): 159–165), sobre las agresiones en atención primaria en Alemania, con una revisión internacional.

Según las cifras de NHS Protect, 70.555 empleados del NHS fueron atacados durante el periodo 2015-16, un 4% más que el año anterior, lo que equivalen a 193 empleados de promedio diario.

Fuente: NHS

Según The New England Journal of Medicine (N Engl J Med 2016; 374: 1661-1669), en EE.UU. entre 2011 y 2013, la cantidad de agresiones en centros sanitarios ascendió hasta 18.000 por año (hasta un 46 % de las enfermeras). En el caso de los Servicios de Urgencias las enfermeras sufrieron un 100 % de agresiones verbales y el 82 % un asalto físico, informando los médicos que una cuarta parte de ellos había sido objeto de agresión física en el año anterior.

Aunque esta problemática se plantea más frecuentemente en épocas de repuntes asistenciales o en lugares donde la proporción entre pacientes y profesionales es más baja (fundamentalmente en atención primaria y urgencias), también se produce cotidianamente por la endémica infradotación de recursos y la incorrecta organización de los flujos hospitalarios.

Recientemente se ha creado la figura del «Interlocutor Policial Territorial Sanitario» mediante la instrucción 3/2017 del Ministerio del Interior, una especie de «policía sanitaria» que serán en realidad expertos policiales designados por las Direcciones Generales de la Policía Nacional y Guardia Civil para este fin. Esta medida puede ser colaborativa y es un gran avance en relación con el alarmante crecimiento de esta lacra, pero no es la solución definitiva, porque cuando deban actuar el hecho ya se habrá producido.

Quizás las recomendaciones más importantes son que las organizaciones de atención médica revisen sus políticas para mejorar los niveles de profesionales para reducir el hacinamiento, los tiempos de espera y mejorar el drenaje de pacientes en urgencias, disminuir la rotación de trabajadores, establecer optimización de procedimientos y proporcionar un personal de seguridad y de salud mental adecuados y proporcionales a la demanda.

Manifestación en la India por la agresión a un médico en marzo de 2017. Fuente: India Today